En contextos de crisis económica y financiera como el que nos ocupa, se está observando un aumento de las conductas que, más allá del mero incumplimiento contractual o conflicto civil/mercantil/laboral, constituyen acciones u omisiones antijurídicas penalmente.
Por otro lado, las recientes reformas del Código Penal y las que están proyectadas, convierten en necesario, siquiera desde el punto de vista preventivo, este tipo de asesoramiento que antes era prácticamente impensable en empresas con una gestión ordenada. Sin embargo, las reformas vigentes hacen que actuaciones imponderables (de trabajadores, directivos o terceros que se relacionan con la propia empresa) puedan generar responsabilidades penales a entidades que no hayan desplegado una mínima diligencia en su evitación.
Nuestra labor, por ello, no solo alcanza la defensa una vez concurrido el delito, sino que alcanza la prevención, sobre todo si tenemos en cuenta que bajo la reforma del código penal operada en 2010, se abre la puerta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que se abre la puerta a la realización de auditorías de legalidad penal en las que se delimiten las situaciones de riesgo y el establecimiento de conductas tendentes a evitar situaciones punibles en las organizaciones.
Nuestra especialización societaria y nuestro conocimiento del derecho penal económico nos capacitan en la defensa y de los intereses de personas físicas y jurídicas en el ámbito de los delitos económicos tales como:
- Delitos societarios, tales como falsedad, acuerdos ilícitos, administraciones fraudulentas
- Delitos por alzamiento de bienes
- Defensa de los intereses de nuestros clientes en concursos que hayan dado lugar a la apertura de la pieza de calificación
- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.